Zimbawe

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Zimbabue: sin hogar, sin trabajo, sin justicia.

La foto es:

Una mujer sentada en medio de los escombros de su vivienda tras la destrucción de ésta por la policía, Porta Farm, Norton, Zimbabue© AP GraphicsBank

Entre mayo y julio de 2005, unas 700.000 personas perdieron sus hogares, su sustento o ambos cuando el gobierno de Zimbabue las desalojó por la fuerza y demolió sus viviendas y comercios en el marco de la Operación Murambatsvina (“Sacar la basura”).Los desalojos forzosos y las demoliciones se llevaron a cabo sin aviso previo adecuado, sin que se respetara el debido proceso y sin que se ofrecieran protección jurídica, reparación o medidas de realojamiento adecuadas. En algunas ocasiones se hizo caso omiso de órdenes judiciales. Además, la policía hizo uso excesivo de la fuerza, destruyendo bienes y golpeando a los residentes.

La inmensa mayoría de las víctimas no han recibido ayuda del gobierno. Han quedado abandonadas a su suerte y han tenido que buscar abrigo por sus propios medios en pleno invierno. Muchas de las víctimas ahora viven en condiciones de hacinamiento y, en muchos casos, de miseria, y miles de ellas siguen viviendo a la intemperie en refugios improvisados.700.000 personas sin hogar, sólo 3325 viviendas nuevas, pocas personas realojadasCinco semanas después del comienzo de los desalojos masivos, el gobierno emprendió la Operación Garikai/Hlalani Kuhle (“Una Vida Mejor).

Las autoridades han manifestado repetidamente que se trata de un programa de construcción de viviendas para las víctimas de los desalojos masivos.Las investigaciones de Amnistía Internacional han demostrado que el programa, lejos de aportar una solución, ha dejado sin ayuda a prácticamente todas las víctimas de la Operación Murambatsvina.

Se han construido pocas viviendas, y las que se han construido resultan demasiado caras para las víctimas.La mayoría de las viviendas que se indican como “construidas” están sin terminar, carecen de agua salubre y de instalaciones sanitarias y están deshabitadas. Al menos el 20 por ciento de las casas construidas han sido reservadas oficialmente para funcionarios públicos, policías y soldados. De hecho, mucho más del 20 por ciento de las viviendas se han adjudicado a personas que no perdieron su hogar durante la Operación Murambatsvina.